En agosto se cumplió un año desde que el alcalde de Las Condes, Francisco de la Maza, dispusiera -tras una consulta ciudadana- cerrar las calles del barrio El Golf en las que se concentaba el comercio sexual de la comuna. Al poco tiempo y más por consideraciones políticas que de otra naturaleza, el gobierno armó un escándalo, alegando la ilegalidad de la medida municipal.
A los pocos días y ante la protesta de los vecinos que habían autorizado el cierre de las calles, el gobierno llenó el barrio de radiopatrullas y carabineros.
¿Y el principio de subsidiaridad? En esta ocasión el gobierno no permitió que la municipalidad solucionara pos sí misma el problema de la prostitución, aun pudiendo haberlo hecho. En cambio se distrajeron recursos policiales para custodiar uno de los barrios más exclusivos del país, recursos y personal que bien pudieron haber sido destinados a sectores como Pudahuel, La Legua, etc. donde cumplirían un rol mucho más importante que corretear putas y travestis en el barrio alto.
En Iquique este tipo de ilícito se sigue sucediendo en nuestro malogrado centro histórico, a vista y paciencia de todos. Al parecer existe el ‘concenso tácito’ entre las autoridades de que el casco antiguo sea el nuevo “Barrio rojo” de la ciudad. Lamentablemente no tomaron en cuenta la opinión de los vecinos más antiguos de Iquique.
